Perspectiva sobre las implicaciones políticas de la reforma
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa refleja el uso político de la justicia en México, donde el debate fue más partidista que técnico.
La aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional, que añade extorsión y delitos vinculados al fentanilo a los delitos que ameritan prisión preventiva, expone un trasfondo político más que jurídico. Durante el debate, Morena defendió la medida como un avance en la lucha contra el crimen, mientras que la oposición criticó su inclusión como un retroceso para el sistema de justicia. Lo llamativo es que los legisladores excluyeron delitos fiscales y narcomenudeo, una decisión que podría interpretarse como una concesión política a sectores específicos.
El contexto de esta reforma parece más vinculado a asegurar el respaldo de grupos económicos y apaciguar críticas de ciertos sectores que a mejorar el sistema penal. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó haber escuchado a empresarios que pedían excluir delitos fiscales, mientras el narcomenudeo fue retirado por un supuesto enfoque “social”. No obstante, estas decisiones contradicen la lógica de una verdadera política de justicia que debería considerar a todos los sectores por igual. En el fondo, la exclusión de ciertos delitos y la inclusión de otros sugiere que el sistema penal se usa como una herramienta política más que como un mecanismo para reducir la criminalidad.
Además, el debate mostró cómo Morena y la oposición usaron la historia de la prisión preventiva como un “arma” política. Morena recordó que fue Felipe Calderón quien implementó la prisión preventiva en 2008, mientras el PAN reclamaba la incongruencia de los legisladores de izquierda. Este conflicto partidista parece anteponer los intereses políticos sobre las necesidades del sistema judicial, sugiriendo que la reforma fue más una victoria política que una solución real al problema de justicia en México.